Contexto

La creación y convocatoria al Consejo Asesor Presidencial es un paso importante para hacerse cargo de la preocupación ciudadana ante los hechos conocidos en los últimos meses en torno a la relación existente entre el poder económico y la política. Hacemos esta valoración como algo positivo en el sentido de que representa una oportunidad para hacer las mejoras necesarias en orden a asegurar que la función pública no se vea afectada por el poder del dinero, sobre todo en un país como Chile que presenta grandes desigualdades. Se trata en definitiva, de revertir los bajos niveles de confianza y apoyo hacia las instituciones políticas dado que las situaciones conocidas no hacen más que profundizar estos reparos. Para ello, el cumplimiento del Programa que el pueblo mandató, abrir canales de participación social e iniciar cambios legislativos para empoderar a la ciudadanía, buscando una buena forma de hacer política, es el único camino que podrá conferir un mejoramiento en la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones.

 

Los casos de Penta, SQM y de Caval han puesto en tela de juicio una modalidad del sistema político chileno, no solo entendido como un sistema de partidos, un sistema electoral o un sistema de conductas políticas, sino la totalidad del mismo. Este juicio, cuya posibilidad hemos anunciado por mucho tiempo, se debe al modelo imperante de hacer política en Chile, caracterizado por un sistema de dominación creado para perpetuar un modelo económico neoliberal contrario al espíritu y sentido de la política. Por lo mismo, mal podría dicho modelo regular una actividad que no desea que se desenvuelva.

 

De esta forma nos aproximamos a un momento que une dos dimensiones de fenómenos políticos que no siempre se encuentran. Una, la de fondo, versa sobre la naturaleza misma de la institucionalidad dictatorial que hemos heredado, que hoy está en un duro cuestionamiento de proporciones no vistos antes. Y, en segundo lugar, la dimensión del corto plazo, la de cambios prácticos y posibles que configuran una oportunidad de generación de un cuadro regulatorio nuevo sin alterar el fondo. Afortunadamente, ambas dimensiones se encuentran hoy muy interconectados lo cual da cuenta del peculiar momento que vivimos.

 

Por último considerar que tanto SQM como Penta son grupos económicos que nacieron de la ilegitimidad dictatorial, del proceso de privatización que en realidad fue un saqueo. Cabe recordar que el escándalo del caso Chispas, caso que también se vincula a empresas privatizadas, que afectó otro dirigente UDI como lo es José Yurazseck. Podemos añadir el actual escándalo del Sr. Juan Bilbao, acusado en Estados Unidos por uso de información privilegiada. Bilbao, es socio de Consorcio Seguros, empresa donde participa Juan Hurtado Vicuña, uno de los dueños de Entel, que también fue privatizada. Hurtado Vicuña fue sancionado por la SVS en el 2001 por el uso de información privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile, multa que fue aplicada a los controladores de Penta por la misma razón. En el caso de la colusión de farmacias, recordemos que antes se coludieron en 1993 exactamente las mismas empresas. A lo anterior, podríamos añadir a Leonidas Vial, quien visitó a sus amigos y colegas de Penta en la cárcel, fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros a propósito del caso Cascadas, es director en Enersis, empresa que tuvo un muy cuestionado incremento de capital hace unos años mientras Vial se desempeñaba como dueño de una corredora de bolsa.

 

Por estas razones, una propuesta de esta naturaleza tiene un carácter político amplio y tiene un propósito de estandarte.

 

La presente propuesta debe estructurarse en torno a las siguientes consignas:

 

1. Fin a la perversa relación entre dinero y política.

 

Este acápite de propuestas busca mejorar la calidad de la democracia y eliminar los conflictos de interés.

• Financiamiento público a los partidos, consagrándolo como el financiamiento de mayor importancia.
• Prohibición de financiamiento de empresas.
• Disminución sustantiva del techo de gasto electoral y estricto cumplimiento de la normativa.
• Autonomía constitucional del Servicio Electoral.
• Publicación obligatoria del partido político o pacto en que se encuentra el candidato.
• Establecer la cesación en el cargo del funcionario público que incurre en ilícitos, en especial de aquellos de elección popular y ampliar las causales de renuncia de parlamentarios.
• Establecer límites a la reelección.
• Sancionar el conflicto de interés con cambio en la Ley Orgánica Constitucional de Congreso Nacional
• Penalizar el uso de subterfugios, como la contratación de servicios del candidato por parte de empresas.
• Emplear alguna figura existente, como la censura parlamentaria, como una sanción ética efectiva e incluso considerar su empleo por parte de la ciudadanía.
• Parlamento unicameral.
• Reconsideración del empleo de la franja política electoral y apoyo a los debates con actores sociales: no todo puede ser publicidad.
• Incorporación decidida de los pueblos originarios al sistema político, incluso mediante cuotas.

 

2. Fin a la impunidad y a los abusos de los más ricos que incurran en prácticas ilícitas

 

Este acápite debe contener propuestas sobre los siguientes puntos:

• Sancionar fuertemente la colusión y las prácticas monopólicas.

• Solicitar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica, que en uso de las facultades que les confiere la ley, emitan un informe que proponga la modificación de normas legales y reglamentarias que estimen contrarias a la libre competencia, como asimismo, aquellas que refuercen y facilitan su persecución.
• Incluir el término obligatorio al giro en casos graves como colusión como medida sancionatoria. Ampliar la aplicación de legislación sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas para los casos de colusión.
• Incorporar en nuestra legislación un sistema punitivo de la conducta de colusión estableciendo sanciones penales y otras medidas, como la disolución de la persona jurídica.
• Modificar el DL 211 con medidas anti monopólicas que incluyen el mejor empleo de la delación compensada, el incremento de las sanciones económicas que resulte más caro incumplir la norma que pagar la multa y modificaciones al procedimiento que acorte los plazos de tramitación.

• Fortalecer las atribuciones fiscalizadoras del Estado. No más instituciones espectadoras. Incluye:

• Superintendencia de Valores y Seguros,
• Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
• Servicio de Impuestos Internos,
• Superintendencia de Isapres
• Servicio Nacional del Consumidor

• Introducir un nuevo tipo penal de orquestación de fraude para sancionar penalmente las conductas dirigidas a socializar las pérdidas y acumular individualmente las ganancias. Para ello debe complementarse con cambios en la Ley de Mercado de Valores, la de sociedad anónimas y en particular, modificar el DL 3538 que crea la superintendencia de Valores y Seguros en orden a ampliar el plazo para aplicar multas de cuatro a diez años.
• Mejoramiento del sistema de penas apuntando a su carácter ejemplificador.

• Aumentar pena de cohecho – Subir la pena a reclusión mayor de grado mínimo a medio. Igual medida en relación al soborno.
• Ampliar las penas accesorias.
• Modificar Ley de Bancos, su art. 28º a efecto de establecer que la sobreviniencia de una causal que impide constituir un banco por parte de accionistas fundadores tenga el efecto de imposibilitar su permanencia en la propiedad del Banco.
• Considerar las sanciones pecuniarias por resolución de la autoridad administrativa como inhibidor de la atenuante de irreprochable conducta anterior en sede penal.

• Poner fin a las malas prácticas empresariales generadas por la concentración del poder económico.

• Fin real a la integración vertical, en especial en Isapres y AFPs; diversidad y pluralidad propietaria en los medios de comunicación y prohibir que el retail pueda tener bancos.
• Ampliar el uso de la figura de administrador provisional de bancos y entidades financieras. Esta herramienta se ejercerá cuando esté en riesgo la estabilidad del sistema financiero o estén comprometidos los fondos previsionales de los trabajadores (Caso Cascadas).
• Considerar el timbraje obligatorio o la celebración de escrituras públicas para todo acto jurídico comercial cuya fecha es determinante para efectos de su celebración. Es el caso de los forwards.
• Prohibir que los dueños y directores de corredoras de bolsas sean dueños o directores de empresas cuyos valores se transan en la Bolsa.
• Establecer mayores atribuciones a la SVS para equipararlas al sistema de Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a sanciones administrativas y penales contra las especulaciones y otros delitos financieros.
• Amplicar la legitimación activa de la acción penal en caso de que el Servicio de Impuestos Internos no considere presentar la acción penal, eventualmente estableciendo plazos para ello.

 

3. No más corrupción ni tráfico de influencias.

 

• Mejorar el sistema de declaración de intereses y patrimonio.
• Establecer la nulidad de los actos en la administración o en actos legislativos ejecutados por personas con manifiesto conflicto de interés o como resultado de tráfico de influencias u otras formas de corrupción.
• Mejorar el sistema de responsabilidades y sanciones de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado incluyendo:

• Extensión de la noción de interés general
• Establecer un régimen de sanciones para el incumplimiento de la probidad administrativa
• Aumentar pena de cohecho – Subir la pena a reclusión mayor de grado mínimo a medio con igual medida en relación al soborno.

• Crear una Oficina de Monitoreo de declaración de intereses y patrimonio.
• Ampliar el tiempo de prohibición de celebrar ciertos actos jurídicos que digan relación con las funciones públicas desarrolladas.
• Revisión del modelo de contratación laboral público con énfasis en las prohibiciones derivadas de las relaciones de parentesco.
• Ampliar el plazo de vacancia del sector público al privado (cuando haya estado sujeto a su fiscalización), actualmente en seis meses y revisar las hipótesis de incompatibilidad. Es decir, perfeccionar el actual sistema de “puerta giratoria”.

 

4. Igualdad ante la ley y fin a los privilegios.

 

• Corregir la legislación tributaria mejorando el sistema de control de grandes contribuyentes desde una perspectiva anti elusión.

• Establecer que las obligaciones tributarias nacerán y se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera sea la forma o denominación dado por los interesados. Es decir, las normas tributarias no podrán ser eludidas mediante el abuso de las posibilidades de la configuración jurídica. Se puede definir abuso.
• Facultar al Servicio de Impuestos para declarar la existencia de abuso o simulación de las formas jurídicas.

• Terminar con privilegios innecesarios de las autoridades. Rebaja de los sueldos altos en lo inmediato y reajuste diferenciado de salario en sector público hacia el futuro.
• Regular y limitar las sociedades de inversión y disolver todas aquellas que hayan infringido la legislación civil, tributaria o penal con cargo a sus dueños. Eventualmente especializar algún organismo fiscalizador en esta materia para evitar prácticas de elusión.
• Fin al uso indebido de los paraísos fiscales. Prohibir la posibilidad de invertir en ellos considerando tales inversiones como retiros. No más burla a los chilenos que pagan sus impuestos.
• Mejoramiento al sistema de penas introduciendo mayores penas accesorias. Ejemplo, inhabilidades para administrar bienes y/o para ejercer cargo de director de empresas y/o cesación en cargos, etc.
• Investigar la aplicación de la Ley DICOM y su estricto cumplimiento en relación al uso de los antecedentes.
• Fortalecer la posibilidad de accionar judicial y extra judicialmente de los consumidores.
• Establecer la sanción de indemnizar a las cajas de compensación por los abusos en contra de sus usuarios, especialmente si se trata de adultos mayores.
• Prohibición temporal para imputados y prohibición definitiva para condenados por delitos de ejercer sus cargos directivos en empresas.
• Revisión de los plazos cortos de prescripción hacia su ampliación para garantizar la determinación de responsabilidades de los actos de ciertas autoridades.

 

 

BANCADA PARTIDO COMUNISTA E IZQUIERDA CIUDADANA