Recientemente hemos conocido la primera etapa de la profunda reforma educacional que el gobierno de la Presidenta Bachelet impulsará, dando cumplimiento de esta manera a uno de los principales compromisos suscritos en el programa de la Nueva Mayoría. El ministro Eyzaguirre ha fijado los aspectos centrales de la misma: fin al lucro con recursos públicos, fin a la selección de estudiantes y el término del financiamiento compartido.

Los objetivos de esta política son muy claros y recogen en lo esencial los planteamientos que han emergido desde el movimiento social por la educación, los que cuentan con un amplio respaldo de la ciudadanía según se puede constatar en distintos estudios de opinión realizados en los últimos años, esto es, terminar con el esquema que entiende a la educación como un bien de consumo y poder transitar hacia uno que la instale como un derecho universal. Veamos.

1) Una parte muy significativa del sistema escolar opera en función de la obtención de ganancias, al igual que un supermercado o una empresa de telefonía, cuestión que ha impedido mejorar la calidad de la educación entregada, ya que en vez de reinvertir, el dinero va al bolsillo de sus dueños.

Para terminar con esta modalidad, la reforma contempla que los colegios particulares subvencionados cambien su figura legal y se constituyan como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, las que no podrán retirar utilidades y serán fiscalizadas permanentemente por la superintendencia de educación para velar por el correcto uso de los recursos de todos los chilenos.

Los sostenedores que no acepten las nuevas condiciones podrán convertirse en colegios particulares pagados o bien venderle al Estado la infraestructura para así garantizar la continuidad del servicio educativo que entregan.

2) No es aceptable que nuestro sistema escolar continúe segregando a las familias según su capacidad de pago. El financiamiento compartido que aportan los padres mensualmente irá desapareciendo progresivamente al mismo tiempo que la subvención estatal aumentará hasta acabar por completo con este mecanismo. Una vez terminado este proceso, todos los colegios que reciban recursos públicos serán completamente gratuitos.

3) Hoy son los colegios los que eligen a los alumnos, según un grupo de características definidas arbitrariamente. La reforma se propone invertir esta lógica y lograr que sean las familias las que puedan elegir el establecimiento.

Para esto, no podrán realizarse test de admisión o entrevistas a las familias donde muchas veces factores como el origen social, el lugar de residencia y hasta incluso el color de piel determinan si un estudiante es aceptado o no.Este tipo de prácticas discriminatorias en los métodos de selección llegarán a su fin una vez aprobada la reforma del gobierno.

La derecha ha sido el principal ideólogo de este sistema y hoy lo defiende a brazo partido usando argumentos que no resisten ningún análisis.Entre ellos, anuncian que las familias perderán su “libertad de elegir”. ¿Cómo una familia puede elegir libremente un colegio si estos ponen de antemano requisitos de pago y criterios de selección a los estudiantes para ser admitidos?

Han dicho también que las familias tienen el “derecho” de aportar económicamente a la educación de sus hijos. ¿Pagar es un derecho? ¿Podemos concebir que pagar un arancel de un colegio, en un país donde el 50% de los trabajadores reciben menos de $280.000 al mes, es un derecho?

Finalmente, han denunciado que esta reforma no se hace cargo del problema de la calidad de la educación y que afectará a la clase media, que ellos dicen representar.En un sistema basado en el afán de lucro, que además segrega y discrimina, lo primero que hay que hacer es cambiar las reglas del juego y emparejar la cancha.

El corazón de esta primera etapa apunta justamente a eso: que no se usen los recursos públicos para financiar negocios personales y velar para que se gasten en la propia escuela, que no se le exija a las familias pagar cuando es el Estado el que debe garantizar eso, y por último el impedir que los colegios decidan que alumno es digno de estar ahí y cual no.

Una vez logrado esto, se habrán igualado las condiciones de base sobre las cuales es posible pensar un mejoramiento continuo de la calidad, es decir, perfeccionamiento docente, mejoras a la infraestructura y el equipamiento, aumentar la cobertura de tecnología dentro de la sala de clases, etc. No es posible mejorar la calidad de la educación mientras persistan estas profundas distorsiones en el corazón del sistema.

Eso es lo que la derecha no dice y pretende ocultar.

Hoy, aproximadamente 2.000.000 de niños y jóvenes se educan en colegios particulares subvencionados, de los cuales 1.200.000 están en establecimientos con fines de lucro.

La reforma beneficiará ampliamente a todas estas familias, las que pertenecen a los quintiles de más bajos ingresos. En otras palabras, y citando a la presidenta de la CUT, beneficiará a la clase media, o sea, a la clase de las familias trabajadoras de Chile.

 

Fuente: Cooperativa